La ley de salud pública y la verdad que esconde

En el siglo pasado escribí en un prólogo que los tres principales cambios que marcarían el mundo de la salud en el siglo XXI serían: los avances en la genética, Internet y la demanda de información sobre salud por parte de los ciudadanos.
No creo en la bondad de los logros que suceden a las revoluciones violentas, más bien cuando estas se apagan suelen suceder cambios regresivos para paliar las consecuencias y desmanes que pueden haberse producido durante las mismas.
Sí creo firmemente, en cambio, en las modificaciones profundas que se realizan cuando una idea expresada de manera clara y persistente cala como la lluvia fina y deja surcos y huellas indelebles en las mentes y en los corazones; entonces sí influye de forma irreversible en la evolución de la sociedad.
Estas ideas verdaderamente transformadoras surgen en origen de forma inesperada, expresadas por muy pocos, hombres y mujeres, diferentes de algún modo y poco integrados en la medianía en la que muchos nos movemos. El Sistema inmediatamente intenta engullir, fagocitar, englobar y aislar tanto a las ideas como a las personas que la expresan.
Después ya no hay marcha atrás y como “la razón puede mucho” ya han prendido como chispas en distintos puntos. Así ha sucedido con el concepto del Derecho a la información en salud -porque de eso hablamos aquí-, inexistente hace unos años, pero ahora integrado ya en todos los frentes profesionales, ideológicos y sociales, aunque a veces se haya implementado de forma contradictoria.
Actualmente, en el ámbito sanitario, no hay jornada en la que no se hable de ello; no hay artículo, informe, empresa, demanda o defensa que no lo referencie; no hay día en el que una persona no pida, se queje o agradezca información sobre su salud.
Las leyes siempre van un paso por detrás, a veces varios, de la realidad social pero hasta las leyes lo han integrado.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (LGSP), no sólo lo recoge sino que establece: “A todos los que la presente vieren y entendieren…los ciudadanos tienen derecho a ser informados…”
El contenido de esta parte de la norma es breve pero profundo, y clarifica lo que no es información y lo que sí lo es, al definir claramente las obligaciones a prestar y los derechos a recibir, en su Título I, dedicado a Derechos, deberes y obligaciones en Salud Pública
Tiene mucha trascendencia este pequeño texto pues nos obliga a los profesionales de la salud a contar la verdad, y a decir lo importante que es llevar una vida sana, comer sano, vivir en un ambiente sano, tener un trabajo digno y en buenas condiciones, y realizar actividades preventivas para conservar la salud y para mejorarla.
A decir también la verdad sobre que los principales riesgos para la salud no son aquellos sobrevenidos del cielo o por mala suerte, sino que los más importantes determinantes de la salud son aquellos derivados de los estilos de vida y de la falta de prevención de riesgos tanto individuales como colectivos.
Pero si empezamos a decir la verdad, ya no podremos parar… Habrá que exponer también la verdadera dimensión de las actividades de asistencia sanitaria; tendremos que explicar a los ciudadanos – sean pacientes o no- que la utilidad de las pruebas, análisis y controles sanitarios no responden a la premisa de cuantos más mejor, y que un análisis repetido no cura ni previene enfermedades por muy frecuentemente que se haga.

 

Y es que otra de las obligaciones que marca la Ley de Salud Pública es la de determinar la eficacia real de las pruebas, para qué sirven, para quién y con qué frecuencia son útiles de verdad y tienen valor realmente predictivo o diagnóstico. Tendremos que decir la verdad e informar a los ciudadanos de que, por ejemplo, el scanner probablemente no es necesario para problemas de salud “ banales”, llamémosles banales nosotros los sanitarios a aquellos que revisten menor gravedad, ya que para cada individuo -y más si no está informado del alcance real de lo que tiene- cualquier alteración de su salud es importante.
Inevitablemente el derecho a la información en salud de los ciudadanos también nos lleva a decir la verdad sobre los fármacos y su eficacia real. Para qué sirven concretamente, para quiénes, en qué momentos, y cuándo no son necesarios ni útiles. Pongamos por caso la importancia que tienen para prevenir la obesidad y sus gravísimas consecuencias en salud, la nutrición adecuada y el ejercicio físico, tanto en la salud individual como en la colectiva, versus fármacos contra dicho problema de salud, ya que los fármacos no son inocuos, y de esto tampoco se informa suficientemente.
Muchas veces la verdad no gusta ni siquiera a los ciudadanos, ya que cambiar los hábitos de vida es lo que más nos cuesta a todos, pero no por difícil la verdad deja de ser la verdad.
Claro que para poder explicar bien estas y otras verdades a las que la lectura sosegada de esta Ley nos conduce, tendremos que ponernos de acuerdo y colaborar los profesionales de la salud para determinar con objetividad qué análisis, test de detección, pruebas diagnósticas, etc. son eficaces y eficientes, con qué pautas, para qué colectivos están indicadas, etc. Creo que vamos a tener que coordinarnos de una vez, y elaborar protocolos de atención, guías, y lo que haga falta. En definitiva consensuar criterios con la mayor objetividad.
Todos debemos ponernos de acuerdo (administraciones, industria farmacéutica, oficinas de farmacias, prescriptores, etc) para hacer llegar al ciudadano remedios acompañados de la verdad objetiva en relación a su uso.
¿Y los políticos? A veces parece que todo lo relacionado con la verdad les es ajeno, pero tendrán que asumirla ¿Puede implantarse el copago de medicamentos o de pruebas sanitarias sin informar previamente y de forma real a la población sobre la utilidad de los unos y de las otras?.
Si no se informa adecuadamente a la población encontraremos ciudadanos, en franca desigualdad, sufriendo por no poder pagarse pruebas o medicamentos que consideran imprescindibles para su salud, no siéndolo; o lo que es peor, pagándolos en detrimento de invertir ese dinero en cosas mucho más rentables para la salud, individual y colectiva, como son alimentos sanos y de calidad, o en posibilidades de ejercicio físico o en la mejora del medio ambiente de su ciudad.
Se entiende perfectamente por qué hasta ahora no ha existido en España una Ley de Salud Pública.

 

Sagrario Mateu Sanchís
Ginecóloga y experta en Salud Pública.
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